El golpe de Estado en Honduras en 2009 fue la acción realizada el 28 de junio de ese mismo año que terminó con la sustitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras. Según los organismos de la comunidad internacional se trató de una situación de facto, un golpe de Estado contra el presidente constitucional; por lo que el nuevo gobierno no fue reconocido por ningún país o alguna entidad internacional. Según todas las instituciones republicanas hondureñas se trató de un evento de iure, el cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema y una sucesión presidencial legítima.

En la mañana del 28 de junio, fuerzas armadas al mando del teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño. La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se pronunciaron en contra de este evento, calificándolo como una "ruptura del orden constitucional" y exigieron unánimemente la restitución del presidente Manuel Zelaya en sus funciones.

En los meses previos al 28 de junio, ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la república de Honduras, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema, sobre la legalidad de una consulta, la cual tenía como objetivo inmediato saber si los hondureños estaban de acuerdo en que en los comicios de noviembre se colocase una llamada "cuarta urna" para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron la consulta como ilegal, en base a una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria (cinco días antes de la celebración de la consulta) expresamente para prohibirla. A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación, de conformidad con su papel en la realización de elecciones. Después de que el jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea.

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la constitución, hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe de estado, la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país "restaure el gobierno democrático" (el de Manuel Zelaya), El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del "golpe de Estado", el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras.